La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un odontólogo a indemnizar con 104.592,68 euros, más los intereses legales, a un paciente que sufrió una fractura mandibular tras la colocación de implantes dentales, debido a un diagnóstico insuficiente y a deficiencias en el consentimiento informado.

La sentencia considera acreditada la mala praxis odontológica, al no realizarse las pruebas diagnósticas necesarias antes de la intervención ni informarse correctamente de los riesgos asociados.

Colocación de implantes dentales y fractura mandibular

El paciente acudió a la consulta del dentista el 6 de noviembre de 2018 para la colocación de dos implantes dentales. Como prueba diagnóstica previa, el profesional únicamente realizó una radiografía panorámica.

Tras la intervención, aparentemente todo evolucionó con normalidad y en las revisiones iniciales no se detectó ninguna anomalía. Sin embargo, el paciente comenzó a manifestar dolor intenso durante los días posteriores.

A pesar de estas molestias, en la revisión del 26 de noviembre no se realizó ninguna prueba adicional.

Tres días después, el paciente tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital público, donde fue intervenido quirúrgicamente al confirmarse una fractura del hueso basal de la mandíbula entre los dos implantes.

Diagnóstico insuficiente antes de la intervención

El perito judicial determinó que la valoración previa a la cirugía fue insuficiente. Según el informe pericial, si se hubiera realizado una tomografía computarizada (TAC) en lugar de una simple radiografía panorámica, se habría detectado la escasez de hueso en la zona mandibular, circunstancia que hacía especialmente arriesgada la colocación de implantes.

La Audiencia Provincial subraya que en zonas anatómicas complejas o con deficiencia ósea evidente, el uso de pruebas diagnósticas más precisas resulta esencial para planificar correctamente el tratamiento.

Rechazo de las alegaciones del dentista

El odontólogo trató de atribuir la fractura a una posible infección o al hecho de que el paciente hubiera faltado a algunas citas de seguimiento. Sin embargo, el perito judicial descartó ambas hipótesis.

El informe señala que:

  • No existían signos de infección cuando el paciente fue ingresado en el hospital.
  • El tiempo transcurrido desde la intervención era insuficiente para que una infección provocara la fractura.
  • La fractura presentaba una línea clara y definida, incompatible con el origen infeccioso alegado.

Deficiencias en el consentimiento informado

La sentencia también destaca la falta de información adecuada al paciente. El consentimiento informado firmado antes de la intervención consistía en un documento genérico, que no especificaba la naturaleza exacta del procedimiento ni los riesgos asociados.

Este aspecto constituye una vulneración del derecho del paciente a recibir información completa antes de someterse a una intervención sanitaria.

Secuelas y proceso de recuperación

Como consecuencia de la fractura mandibular, el paciente tuvo que someterse a diversas intervenciones reconstructivas, incluyendo un injerto óseo y la colocación de nuevas prótesis dentales.

El proceso de recuperación se prolongó durante varios años, y no fue hasta 2022, casi cuatro años después de la intervención inicial, cuando recibió el alta médica por estabilización.

Durante ese periodo, el afectado sufrió importantes limitaciones funcionales, entre ellas dificultades para alimentarse con normalidad y un largo proceso de rehabilitación.

Indemnización por mala praxis odontológica

La Audiencia Provincial ha fijado una indemnización total de 104.592,68 euros, que incluye:

  • 48.919,20 euros por los 1.332 días de perjuicio personal sufridos por el paciente.
  • 35.472,12 euros por las secuelas permanentes.
  • 20.201,36 euros por otros daños y perjuicios derivados del tratamiento odontológico inadecuado.

La resolución obliga al odontólogo a abonar dicha cantidad junto con los intereses legales correspondientes.

Diagnóstico y consentimiento informado en odontología

El caso pone de relieve la importancia de realizar un estudio diagnóstico adecuado antes de tratamientos implantológicos y de informar correctamente al paciente sobre los riesgos asociados.

Incluso en intervenciones odontológicas consideradas habituales, la ausencia de pruebas diagnósticas suficientes o de un consentimiento informado específico puede derivar en responsabilidad profesional y graves consecuencias para el paciente.